Carta sobre el Canon Digital a Cristina Cifuentes, parlamentaria de la Comunidad de Madrid
Escrito por JOSEP JOVER I PADRO el 07/07/2010 a las 00:53
Apreciada Cristina:
Sí, soy el letrado que ha tenido el inmenso privilegio de defender, tanto en Barcelona, como en Luxemburgo en el tema del Canon Digital. La presente nota a la que te contesto, es para darte un toque de atención sobre los "flecos" que toda investigación jurídica deja por explotar. El Derecho no es más que la sombra sobre piedras de la vida. Nada tampoco es tan simple.
¿Por qué la virulencia de ese conflicto?
Del trabajo efectuado, hemos descubierto que la política de las SOCIEDADES DE GESTION DE COPYRIGHT OBLIGATORIO (que no de autores) es cuádruple
Primero, la de establecer peajes en favor de los propietarios de los derechos "que no los autores" en cada momento y por cada razón que se les ocurra, por rara que a tí te parezca. Un ejemplo poco conocido: CEDRO (tarifas 2010) ha obtenido la regalía de poder cobrar 9,78 euros por trabajador/año a cada empresa o institución del País, aparte de la tajada de su parte del canon por el concepto de la "copia profesional"
Bueno, también se cargan a los coles, por lo que pagan los padres a través de las APAS 2,65 Euros/año por cada niño de primaria, por las defraudaciones en las fotocopias que pueda hacer el maestro en propiedad intelectual. Si los niños son mayorcitos, van pagando más.
Segundo: Están poniéndose a nombre de autores, todo el patrimonio cultural, musical y no musical, que conforma nuestro acervo popular, el llamado dominio público. Otro ejemplo: La mayor parte del flamenco ha sido hasta ahora de dominio público. La principal "sociedad de autores y editores" española tiene en nómina a un folklorista que está inscribiendo a nombre de autores comtemporáneos músicas populares. Si a esto le sumamos el paso de protección internacional de las canciones de 50 a 70 años (porque empezarian los Beatles a pasar a dominio público), y también el dar el carácter de autoría total a las versiones de un tema anterior y finalmente,el registro en España de material de dominio público extranjero como privado.
Tercero: Son los principales beneficiarios del gasto neto de Ayuntamientos y comunidades actuando como sindicato vertical. Se financian y subvencionan con nuestros impuestos productos culturales ... que inmediatamente generan derechos de autor ...? incluso a las mismas entidades que los han financiado.
Y
Cuarto: Son grandes beneficiados también de subvenciones públicas para "defensa de sus derechos y de la cultura". Un último ejemplo: Sólo a traves de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) las sociedades y las propias entidades de gestión han recibido subvenciones comunitarias, estatales y privadas de más de 20.000.000 de Euros encaminadas a obtener resultados en la lucha "contra la pirateria".
Después de esas inversiones que curiosamente no han dado ningun resultado ... ni tampoco nadie se lo ha exigido ... continúa siendo más rentable tirar de boletín oficial
Como puedes ver, apreciada Cristina, poco tienen que ver con la situación con artistas y sí mucho con las SOCIEDADES DE GESTION DE COPYRIGHT OBLIGATORIO.
Un saludo
Carta a Cristina Cifuentes, parlamentaria de la Comunidad de Madrid .copio y pego fuente :http://anvazher.nireblog.com/post/2010/07/09/carta-de-josep-jover-a-cristina-cifuentes-a-proposito-de-las-entidades-gestoras-de-derechos-de-autor
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martes, 13 de julio de 2010
Carta de Josep Jover a Cristina Cifuentes, a propósito de las entidades gestoras de derechos de autor
lunes, 12 de julio de 2010
Brasil, país del futuro,Brasil legisla para ilegalizar y sancionar el uso y abuso de los DRM
Brasil, país del futuro, ha impulsado una reforma legislativa de su ley de derechos de autor que rompe con el dogmatismo proteccionista y sancionador que protege los DRM. Lo hace estableciendo sanciones a quien bloquea el acceso, mediante los DRM, a obras de dominio público o abusa de los “derechos” de autor.
La propuesta brasileña coincide con la línea marcada por la Corte Suprema de Canadá que declaró hace varios años que un exceso de protección es tan perjudicial como una protección escasa. Algo que choca, por ejemplo, con la legislación de EE.UU que prohíbe “sortear” los sistemas DRM incluso cuando no protegen los derechos de autor.
En la versión brasileña de la ley, por el contrario, se penaliza el abuso de las medidas de protección de derechos de autor. En concreto su artículo 107 dice:
La misma sanción se aplicará, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, a quien, a través de cualquier medio:
a) dificulta o impide los usos autorizados por los arts 46, 47 y 48 de esta Ley [que se ocupa de las limitaciones y trato justo del derecho de autor] o
b) obstaculiza o impide el uso libre de las obras, las transmisiones de radiodifusión y los fonogramas que de dominio público.
La ONU exige a los países que aprueben leyes para garantizar la seguridad de los DRM independientemente de que se viole o no algún derecho de autor o restricción de copia. Brasil ha roto con esta doctrina inspirada en la Digital Millenium Copyright Act. Antipando el futuro.
Foto | gi varga fuente:http://www.nacionred.com/proteccion-de-datos/brasil-legisla-para-ilegalizar-y-sancionar-el-uso-y-abuso-de-los-drm
La propuesta brasileña coincide con la línea marcada por la Corte Suprema de Canadá que declaró hace varios años que un exceso de protección es tan perjudicial como una protección escasa. Algo que choca, por ejemplo, con la legislación de EE.UU que prohíbe “sortear” los sistemas DRM incluso cuando no protegen los derechos de autor.
En la versión brasileña de la ley, por el contrario, se penaliza el abuso de las medidas de protección de derechos de autor. En concreto su artículo 107 dice:
La misma sanción se aplicará, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, a quien, a través de cualquier medio:
a) dificulta o impide los usos autorizados por los arts 46, 47 y 48 de esta Ley [que se ocupa de las limitaciones y trato justo del derecho de autor] o
b) obstaculiza o impide el uso libre de las obras, las transmisiones de radiodifusión y los fonogramas que de dominio público.
La ONU exige a los países que aprueben leyes para garantizar la seguridad de los DRM independientemente de que se viole o no algún derecho de autor o restricción de copia. Brasil ha roto con esta doctrina inspirada en la Digital Millenium Copyright Act. Antipando el futuro.
Foto | gi varga fuente:http://www.nacionred.com/proteccion-de-datos/brasil-legisla-para-ilegalizar-y-sancionar-el-uso-y-abuso-de-los-drm
lunes, 28 de junio de 2010
La solidaridad de 25.000 personas impiden que la Asociación de Internautas tenga que cerrar
En la Asamblea Anual de la Asociación de Internautas celebrada el pasado sábado 26 de junio en Madrid quedo constancia, de que han sido las pequeñas donaciones enviadas mediante SMS y Paypal las que han permitido que la Asociación de Internautas siga a flote. La campaña de petición de donaciones continúa para hacer frente a las costas y los intereses.
28-06-2010 - Esta última asamblea ha sido una Asamblea sobre todo austera, no había presupuesto ni para pagar hoteles, ni viajes, ni tan siquiera un salón de actos, tan solo disponíamos del modesto local que constituye la sede social y sirve de infraestructura para Internautas Tv; allí celebramos la asamblea y la retrasmitimos para garantizar el derecho de información de los no asistentes. La parte lúdica quedo reducida a la comida, consistente en el menú del día en un sitio próximo. Pero lo importante es que estábamos allí y que a la vista del informe de gestión, la Asociación está incrementado sus actividades.
Tan solo unos meses antes, a raíz de que el Tribunal Supremo condenara a la Asociación a pagar a la SGAE 36.000 €, más otros 14.000 de costas y los intereses todavía no concretados, por albergar el dominio “Putasgae”, eran muchos los que aconsejaban que la asociación desapareciera, unos como triquiñuela jurídica para reflotarla con otro nombre y eludir así la sentencia y, otros sencillamente para que dejara de existir. En el mejor de los casos, eso nos parecía una huida que deslegitimaba nuestros proyectos y una traición hacia todos los que se identifican con esos principios; por eso hicimos un llamamiento a la comunidad internauta reclamando ayuda para hacer frente a los gastos, de forma que fueran los internautas quienes dijeran si los principios y todo aquello por lo que la Asociación de Internautas ha luchado sigue estando vigente y merece la pena seguir defendiéndolo en el futuro. La respuesta ha sido contundente, esta semana ingresaremos los 36.000 euros que constituyen el principal del pleito y solicitaremos un aplazamiento del resto y una reducción de los intereses por excesivos.
Por otra parte, en este ejercicio la Asociación no ha disfrutado de ninguna subvención cosa que viene siendo normal, sin embargo la Asociación de Internautas esta incrementado su actividad: En 2009, además de mejorar la pagina con nuevas aéreas, como linux Guay y otros contenidos de producción propia, se intervino en 84 actos de muy diversa naturaleza, cursos, conferencias, debates, ponencias… lo que equivale a uno cada cuatro días, como botón de muestra, baste con señalar que en cuatro ocasiones hemos sido citados para comparecer en el Senado en temas relacionados con la sociedad de la información; en el ámbito internacional hemos participado con dos ponencias en el Congreso Mundial de Privacidad que se celebro en febrero en Madrid y, acabamos de estar en presentes mediante una ponencia de Ofelia Tejerina, en unas jornadas organizadas por el Parlamento Europeo sobre el copyright en la era digital.
Pero en este capítulo de actividades merece especial consideración, por su repercusión, la cantidad y número de ponentes así como de temas tratados el ENI de Langreo, organizado con diligencia y maestría por Javier Cuchi en el que se abrió un importante debate todavía no cerrado sobre temas esenciales para el futuro de las libertades en la sociedad de la información. Y, cómo no, el homenaje del cual fuimos promotores a Juan Carlos Rodríguez Ibarra por su contribución al desarrollo y difusión del software libre.
En el ámbito judicial, aparte de seguir defendiéndonos en el procedimiento de “putasgae”, hemos iniciado uno nuevo para que se localice al titular del dominio; también seguimos con la denuncia que interpusimos ante la fiscalía anticorrupción contra la SGAE por las irregularidades en la gestión de su patrimonio, que próximamente reproduciremos directamente ante la Autoridad judicial; también iniciamos una denuncia contra la Ministra de Cultura Ángeles González Sinde, por incompatibilidad entre el cargo público y su interés privado, primero ante la Oficina de Conflictos y después ante la Audiencia Nacional y tal y como le advertimos seguiremos con ello incluso después de que abandone el cargo.
Pero en este capítulo debemos hacer una referencia especial a la larga lucha que estamos haciendo en el ámbito de la libertad de las comunicaciones electrónicas lo que equivale al secreto de las mismas. En el asunto Sitel, no hemos ganado ni un pleito, ni tampoco lo hemos perdido, pero social y políticamente estamos ganando. ¿Cómo ha sido posible? Sencillo, hemos roto el secretismo que amparaba Sitel, lo conseguimos lanzando el problema a la esfera pública y manteniéndolo hasta que se dieron las circunstancias para que alguien, en este caso el Partido Popular, lo asumiera y lo recriminara al Gobierno a través del diputado Carlos Floriano Corrales, que mantuvo un enfrentamiento capaz de descolocar al impertérrito Rubalcaba, y después lo defendiera en forma de proposición de ley Esteban González Pons mediante un brillante discurso sobre las libertades en la sociedad de la información, en el que señalaba a las Tic como el nuevo campo de batalla en el que se combate por los derechos civiles. La proposición no prospero, pero los Jueces ya saben lo que es Sitel y están vigilantes, el Tribunal Supremo está ajustando su doctrina y más temprano que tarde el Legislador tendrá que actuar, con la consiguiente vergüenza para quienes ahora lo han impedido.
Pero lo importante no es el haber podido recaudar 36.OOO euros y seguir manteniendo presupuesto para hacer frente a los gastos derivados de las actividades en las que la asociación de Internautas participa. Lo que nos anima y refuerza moralmente a la vez que acongoja a quienes han apostado por la desaparición de la Asociación de Internautas es la forma en que se ha recaudado ese dinero, la mayor parte proviene de pequeñas donaciones enviadas mediante SMS con las siglas AI al 27595, que si bien tienen un coste de 1,20 euros para el donante el donatario solo percibe 0,40, ó, 0,60 céntimos de euro según compañías, o las recibidas a través de Paypal de dos o tres euros; las trasferencias que hayan superado los 100 euros son escasas, por eso estimamos que más de 25.000 personas han acudido a nuestro llamamiento difundido únicamente a través de la red. Se trata de 25.000 personas que han mandado un SMS, o han hecho un clic en PaiPal, en solidaridad con un proyecto que es tan suyo como de los asociados, pues ellos han querido que continúe y han demostrado la fortaleza de una sociedad organizada en red para combatir la injusticia; los privilegios como el canon ofensivos en la actual situación de crisis, o modelos de negocio caducos que anteponen el ánimo de lucro de unos pocos sobre el derecho de todos a la cultura y el conocimiento. Por eso desde la Asociación de Internautas que cada día está más volcada en el activismo social queremos daros las gracias y pediros que os mantengáis alerta, próximamente habrá elecciones y tenemos que hacer oír nuestro mensaje de regeneración democrática y defensa de las libertades en una sociedad que empieza a desprenderse de modelos de convivencia corroídos y gastados para organizarse cada vez más en red.
Asociación de Internautas
Historial caso PUTASGE
Tan solo unos meses antes, a raíz de que el Tribunal Supremo condenara a la Asociación a pagar a la SGAE 36.000 €, más otros 14.000 de costas y los intereses todavía no concretados, por albergar el dominio “Putasgae”, eran muchos los que aconsejaban que la asociación desapareciera, unos como triquiñuela jurídica para reflotarla con otro nombre y eludir así la sentencia y, otros sencillamente para que dejara de existir. En el mejor de los casos, eso nos parecía una huida que deslegitimaba nuestros proyectos y una traición hacia todos los que se identifican con esos principios; por eso hicimos un llamamiento a la comunidad internauta reclamando ayuda para hacer frente a los gastos, de forma que fueran los internautas quienes dijeran si los principios y todo aquello por lo que la Asociación de Internautas ha luchado sigue estando vigente y merece la pena seguir defendiéndolo en el futuro. La respuesta ha sido contundente, esta semana ingresaremos los 36.000 euros que constituyen el principal del pleito y solicitaremos un aplazamiento del resto y una reducción de los intereses por excesivos.
Por otra parte, en este ejercicio la Asociación no ha disfrutado de ninguna subvención cosa que viene siendo normal, sin embargo la Asociación de Internautas esta incrementado su actividad: En 2009, además de mejorar la pagina con nuevas aéreas, como linux Guay y otros contenidos de producción propia, se intervino en 84 actos de muy diversa naturaleza, cursos, conferencias, debates, ponencias… lo que equivale a uno cada cuatro días, como botón de muestra, baste con señalar que en cuatro ocasiones hemos sido citados para comparecer en el Senado en temas relacionados con la sociedad de la información; en el ámbito internacional hemos participado con dos ponencias en el Congreso Mundial de Privacidad que se celebro en febrero en Madrid y, acabamos de estar en presentes mediante una ponencia de Ofelia Tejerina, en unas jornadas organizadas por el Parlamento Europeo sobre el copyright en la era digital.
Pero en este capítulo de actividades merece especial consideración, por su repercusión, la cantidad y número de ponentes así como de temas tratados el ENI de Langreo, organizado con diligencia y maestría por Javier Cuchi en el que se abrió un importante debate todavía no cerrado sobre temas esenciales para el futuro de las libertades en la sociedad de la información. Y, cómo no, el homenaje del cual fuimos promotores a Juan Carlos Rodríguez Ibarra por su contribución al desarrollo y difusión del software libre.
En el ámbito judicial, aparte de seguir defendiéndonos en el procedimiento de “putasgae”, hemos iniciado uno nuevo para que se localice al titular del dominio; también seguimos con la denuncia que interpusimos ante la fiscalía anticorrupción contra la SGAE por las irregularidades en la gestión de su patrimonio, que próximamente reproduciremos directamente ante la Autoridad judicial; también iniciamos una denuncia contra la Ministra de Cultura Ángeles González Sinde, por incompatibilidad entre el cargo público y su interés privado, primero ante la Oficina de Conflictos y después ante la Audiencia Nacional y tal y como le advertimos seguiremos con ello incluso después de que abandone el cargo.
Pero en este capítulo debemos hacer una referencia especial a la larga lucha que estamos haciendo en el ámbito de la libertad de las comunicaciones electrónicas lo que equivale al secreto de las mismas. En el asunto Sitel, no hemos ganado ni un pleito, ni tampoco lo hemos perdido, pero social y políticamente estamos ganando. ¿Cómo ha sido posible? Sencillo, hemos roto el secretismo que amparaba Sitel, lo conseguimos lanzando el problema a la esfera pública y manteniéndolo hasta que se dieron las circunstancias para que alguien, en este caso el Partido Popular, lo asumiera y lo recriminara al Gobierno a través del diputado Carlos Floriano Corrales, que mantuvo un enfrentamiento capaz de descolocar al impertérrito Rubalcaba, y después lo defendiera en forma de proposición de ley Esteban González Pons mediante un brillante discurso sobre las libertades en la sociedad de la información, en el que señalaba a las Tic como el nuevo campo de batalla en el que se combate por los derechos civiles. La proposición no prospero, pero los Jueces ya saben lo que es Sitel y están vigilantes, el Tribunal Supremo está ajustando su doctrina y más temprano que tarde el Legislador tendrá que actuar, con la consiguiente vergüenza para quienes ahora lo han impedido.
Pero lo importante no es el haber podido recaudar 36.OOO euros y seguir manteniendo presupuesto para hacer frente a los gastos derivados de las actividades en las que la asociación de Internautas participa. Lo que nos anima y refuerza moralmente a la vez que acongoja a quienes han apostado por la desaparición de la Asociación de Internautas es la forma en que se ha recaudado ese dinero, la mayor parte proviene de pequeñas donaciones enviadas mediante SMS con las siglas AI al 27595, que si bien tienen un coste de 1,20 euros para el donante el donatario solo percibe 0,40, ó, 0,60 céntimos de euro según compañías, o las recibidas a través de Paypal de dos o tres euros; las trasferencias que hayan superado los 100 euros son escasas, por eso estimamos que más de 25.000 personas han acudido a nuestro llamamiento difundido únicamente a través de la red. Se trata de 25.000 personas que han mandado un SMS, o han hecho un clic en PaiPal, en solidaridad con un proyecto que es tan suyo como de los asociados, pues ellos han querido que continúe y han demostrado la fortaleza de una sociedad organizada en red para combatir la injusticia; los privilegios como el canon ofensivos en la actual situación de crisis, o modelos de negocio caducos que anteponen el ánimo de lucro de unos pocos sobre el derecho de todos a la cultura y el conocimiento. Por eso desde la Asociación de Internautas que cada día está más volcada en el activismo social queremos daros las gracias y pediros que os mantengáis alerta, próximamente habrá elecciones y tenemos que hacer oír nuestro mensaje de regeneración democrática y defensa de las libertades en una sociedad que empieza a desprenderse de modelos de convivencia corroídos y gastados para organizarse cada vez más en red.
Asociación de Internautas
28/06/2010 - Este sabado se celebró en Madrid la asamblea anual de la Asociación de Internautas. Al finalizar, hablamos con su presidente, Víctor Domingo, y con Ofelia Tejerina, para conocer sus impresiones.
Historial caso PUTASGE
martes, 8 de junio de 2010
Carta Abierta al Partido Popular Europeo
Esta es una iniciativa que parte desde la asociacion de internautas en la cual nos invita a participar ,se trata de una carta abierta dirigida al Partido Popular ,la cual reproducimos a continuación la carta abierta al Partido Popular Europeo, como anunciábamos ayer, sobre la necesidad de firmar la Declaración Escrita 12/2010 en contra del ACTA. Esperamos que su lectura les sirva al menos de reflexión para conocer las verdaderas implicaciones del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, y que actúen en consecuencia.
08-06-2010 - Estimado/a Eurodiputado/a,
Hasta el momento, más de 200 Eurodiputados han decidido firmar la Declaración Escrita 12/2010 sobre la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible en relación con el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) Sin embargo, el Partido Popular Europeo sigue quedando en evidencia, a la cola de los apoyos, con un escasísimo 8% de firmantes de la Declaración, y sólo dos firmantes entre los 23 miembros españoles. Y eso a pesar de que una de las principales impulsoras de la Declaración es la Eurodiputada popular Zuzana Roithová.
Desde la Asociación de Internautas, queremos hacerles llegar algunos motivos para que comprendan la trascendencia de firmar la Declaración Escrita 12/2010.
1. El ACTA ha tratado desde el principio de ningunear a los Eurodiputados, y por tanto, a los ciudadanos europeos que aquellos representan.
Los Eurodiputados debaten las medidas, y en función de que alcancen un consenso o no, deciden apoyarlas o rechazarlas. Sin embargo, en este caso se les pretende presentar un texto ya "cocinado y servido" para que simplemente le den el visto bueno, sin tiempo para debatir u oponerse a lo que este acuerdo plantea.
2. La versión oficial de los documentos de la negociación no ha hecho sino confirmar los temores que surgieron al conocerse las primeras filtraciones.
Entre las medidas más polémicas del acuerdo figura la recuperación de la idea de la desconexión arbitraria de los usuarios de Internet (three strikes & out), legitimar prácticas abusivas como el DRM y la negación del Poder Judicial como pilar básico de cualquier democracia para ser sustituido por una "justicia" administrativa de dudosa imparcialidad. (algo bastante similar a lo que en España se ha denominado "Ley Sinde")
De hecho, fue incluso necesaria la presencia en Bruselas del especialista en leyes de copyright de la Universidad de Ottawa Dr. Michael Geist para explicar al Parlamento Europeo la gravedad de las consecuencias del ACTA, en caso de que llegara a aprobarse.
3. ACTA, en lo relativo a Internet, no afecta sólo a las descargas P2P sino a algo mucho más profundo.
Lo que subyace en los documentos del ACTA es la sustitución de la justicia ordinaria por una de tipo administrativo que pueda decidir el destino de cualquier web. Sus consecuencias serían evidentes: se impondría la autocensura en la Red, eliminando de facto la libertad de expresión, de la que sí disfrutamos en nuestra vida diaria fuera de ella.
Su segunda víctima directa sería la privacidad, ya que muchas de las medidas que se proponen requieren inevitablemente -para poderse llevar a cabo- el espionaje sistemático de las comunicaciones electrónicas de todos los usuarios, ustedes incluidos.
Esto equivale a que el servicio de Correos abriera todas las cartas para que, en función de su contenido, decidiera enviarlas o no.
4. ACTA creará una inseguridad jurídica en Europa sin precedentes.
Google y la propia Asociación de Internautas han sido condenados al considerárseles responsables de los contenidos que albergaban, dando por sentado que debían ser expertos en leyes para poder trazar la delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal, en lugar de considerar la disposición de salvaguarda (safe harbour) que exime de responsabilidad si el proveedor retira el material en cuestión de forma inmediata al tener conocimiento efectivo de que es ilegal, como hizo Google y como hicimos nosotros mismos al ser notificados por la Justicia.
Sin embargo, ACTA consagra esta responsabilidad con lo cual casos hoy aislados como éstos serían moneda corriente. Y no hay nada que ahuyente más a la inversión privada que la inseguridad jurídica.
5. ACTA supondrá de facto un obstáculo para los pequeños emprendedores europeos frente a las grandes corporaciones -no sólo pero especialmente- estadounidenses.
Es un hecho constatado que los que mayoritariamente levantan la economía de nuestro país, crean empleo y tienen capacidad de crecimiento son las PYMES. La crisis que sufrimos también ha hecho urgente encontrar alternativas al "ladrillo" que sean capaces de liderar la recuperación económica. Desde la A.I. estamos convencidos de que sólo puede darse la vuelta a esta situación apostando decididamente por las empresas tecnológicas en el ámbito de Internet ya que ningún otro sector puede producir un cambio tan contundente y rápido en nuestra economía como éste.
Google empezó también como una PYME, con una idea tan simple como indexar y localizar páginas web en Internet y hoy es una empresa con cerca de 20,000 trabajadores y una capitalización bursátil de más de 158,000 millones de dólares( a fecha de 4 de junio de 2010 ).
Empresas como ésta son más que viables en nuestro país, dada la capacidad de trabajo, innovación e inventiva de los españoles, pero necesitan de un claro apoyo político que, en lugar de intentar hundir esa innovación y esa creatividad con acuerdos como éste, la apoye y fomente sin fisuras para que estas empresas puedan desarrollarse.
Creemos que un partido que dice defender la iniciativa privada no puede dejar pasar una sola oportunidad de demostrarlo.
Qué supone firmar la Declaración Escrita 12/2010 (y por tanto, qué significaría no hacerlo)
a) Supone que el Eurodiputado ratifique su compromiso en la defensa de la democracia y de la propia filosofía de la U.E, que se ha
dotado de instrumentos para asegurar que Europa sea una democracia moderna, así como una economía próspera basada en la capacidad de sus
países miembros.
b) Supone reforzar la autoridad del Parlamento Europeo, como instancia imprescindible para garantizar la protección de los ciudadanos de la Unión.
c) Supone reforzar también el compromiso de los Eurodiputados con el crecimiento económico de la Eurozona y una apuesta decidida por los pequeños emprendedores en el área de Internet y las -ya no tan- Nuevas Tecnologías.
d) Supone además un golpe al euroescepticismo que crece entre los ciudadanos de la Unión, especialmente en momentos de crisis. Sólo si los ciudadanos ven que sus representantes en Bruselas les defienden, comprenderán que es la unión de los diferentes pueblos de Europa lo único que puede hacernos más fuertes.
e) Supone, finalmente, transmitir un claro mensaje a los internautas de que sus representantes europeos están decididos a defender sus derechos como ciudadanos, que no son otros que los mismos que rigen en la vida cotidiana, como el derecho a la privacidad de las comunicaciones electrónicas, el derecho a la libertad de expresión y sobre todo el derecho a que no sean sistemáticamente criminalizados a priori como colectivo.
Por todo esto, si su grupo político comparte estos planteamientos, es importantísimo que Usted lo manifieste acercándose a firmar la Declaración Escrita 12/2010 durante la próxima sesión plenaria, del 14 al 18 de junio, o bien en cualquier otro momento en el que se encuentre cerca de la mesa de firmas de Estrasburgo.
Como siempre, quedamos a su entera disposición para aclarar cuantas dudas puedan tener acerca de este asunto.
Reciban un cordial saludo, (Tu nombre y apellidos)
(dirección autentica de correo electrónico)
¡ATENCIÓN!. Procurar incluir en el e-mail todos los enlaces existentes en en texto de la carta.
A continuación os dejamos los e-mails actualizados de los que todavía no han firmado:
Copia y pega en el casillero de Para: las direcciones que inserto abajo, a ser posible que no superen las 30 direcciones, por lo que supongo deberas enviar dos emails
PP:
pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu, pilar.ayuso@europarl.europa.eu, luis.degrandespascual@europarl.europa.eu, pilar.delcastillo@europarl.europa.eu, agustin.diazdemera@europarl.europa.eu, rosa.estaras@europarl.europa.eu, carmen.fragaestevez@europarl.europa.eu, josemanuel.garcia-margalloymarfil@europarl.europa.eu, salvador.garrigapolledo@europarl.europa.eu, cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu, esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu, carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu, teresa.jimenez-becerril@europarl.europa.eu, veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu, antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu, gabriel.mato@europarl.europa.eu, jaime.mayororeja@europarl.europa.eu, francisco.millanmon@europarl.europa.eu, joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu, alejo.vidal-quadras@europarl.europa.eu, pablo.zalbabidegain@europarl.europa.eu
Gracias por tu colaboración y recuerda, esto es una iniciativa con el fin de evitar que nos vendan a la industria y a todos esos que amenazan nuestras libertades sociales y individuales.
08-06-2010 - Estimado/a Eurodiputado/a,
Hasta el momento, más de 200 Eurodiputados han decidido firmar la Declaración Escrita 12/2010 sobre la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible en relación con el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) Sin embargo, el Partido Popular Europeo sigue quedando en evidencia, a la cola de los apoyos, con un escasísimo 8% de firmantes de la Declaración, y sólo dos firmantes entre los 23 miembros españoles. Y eso a pesar de que una de las principales impulsoras de la Declaración es la Eurodiputada popular Zuzana Roithová.
Desde la Asociación de Internautas, queremos hacerles llegar algunos motivos para que comprendan la trascendencia de firmar la Declaración Escrita 12/2010.
1. El ACTA ha tratado desde el principio de ningunear a los Eurodiputados, y por tanto, a los ciudadanos europeos que aquellos representan.
Los Eurodiputados debaten las medidas, y en función de que alcancen un consenso o no, deciden apoyarlas o rechazarlas. Sin embargo, en este caso se les pretende presentar un texto ya "cocinado y servido" para que simplemente le den el visto bueno, sin tiempo para debatir u oponerse a lo que este acuerdo plantea.
2. La versión oficial de los documentos de la negociación no ha hecho sino confirmar los temores que surgieron al conocerse las primeras filtraciones.
Entre las medidas más polémicas del acuerdo figura la recuperación de la idea de la desconexión arbitraria de los usuarios de Internet (three strikes & out), legitimar prácticas abusivas como el DRM y la negación del Poder Judicial como pilar básico de cualquier democracia para ser sustituido por una "justicia" administrativa de dudosa imparcialidad. (algo bastante similar a lo que en España se ha denominado "Ley Sinde")
De hecho, fue incluso necesaria la presencia en Bruselas del especialista en leyes de copyright de la Universidad de Ottawa Dr. Michael Geist para explicar al Parlamento Europeo la gravedad de las consecuencias del ACTA, en caso de que llegara a aprobarse.
3. ACTA, en lo relativo a Internet, no afecta sólo a las descargas P2P sino a algo mucho más profundo.
Lo que subyace en los documentos del ACTA es la sustitución de la justicia ordinaria por una de tipo administrativo que pueda decidir el destino de cualquier web. Sus consecuencias serían evidentes: se impondría la autocensura en la Red, eliminando de facto la libertad de expresión, de la que sí disfrutamos en nuestra vida diaria fuera de ella.
Su segunda víctima directa sería la privacidad, ya que muchas de las medidas que se proponen requieren inevitablemente -para poderse llevar a cabo- el espionaje sistemático de las comunicaciones electrónicas de todos los usuarios, ustedes incluidos.
Esto equivale a que el servicio de Correos abriera todas las cartas para que, en función de su contenido, decidiera enviarlas o no.
4. ACTA creará una inseguridad jurídica en Europa sin precedentes.
Google y la propia Asociación de Internautas han sido condenados al considerárseles responsables de los contenidos que albergaban, dando por sentado que debían ser expertos en leyes para poder trazar la delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal, en lugar de considerar la disposición de salvaguarda (safe harbour) que exime de responsabilidad si el proveedor retira el material en cuestión de forma inmediata al tener conocimiento efectivo de que es ilegal, como hizo Google y como hicimos nosotros mismos al ser notificados por la Justicia.
Sin embargo, ACTA consagra esta responsabilidad con lo cual casos hoy aislados como éstos serían moneda corriente. Y no hay nada que ahuyente más a la inversión privada que la inseguridad jurídica.
5. ACTA supondrá de facto un obstáculo para los pequeños emprendedores europeos frente a las grandes corporaciones -no sólo pero especialmente- estadounidenses.
Es un hecho constatado que los que mayoritariamente levantan la economía de nuestro país, crean empleo y tienen capacidad de crecimiento son las PYMES. La crisis que sufrimos también ha hecho urgente encontrar alternativas al "ladrillo" que sean capaces de liderar la recuperación económica. Desde la A.I. estamos convencidos de que sólo puede darse la vuelta a esta situación apostando decididamente por las empresas tecnológicas en el ámbito de Internet ya que ningún otro sector puede producir un cambio tan contundente y rápido en nuestra economía como éste.
Google empezó también como una PYME, con una idea tan simple como indexar y localizar páginas web en Internet y hoy es una empresa con cerca de 20,000 trabajadores y una capitalización bursátil de más de 158,000 millones de dólares( a fecha de 4 de junio de 2010 ).
Empresas como ésta son más que viables en nuestro país, dada la capacidad de trabajo, innovación e inventiva de los españoles, pero necesitan de un claro apoyo político que, en lugar de intentar hundir esa innovación y esa creatividad con acuerdos como éste, la apoye y fomente sin fisuras para que estas empresas puedan desarrollarse.
Creemos que un partido que dice defender la iniciativa privada no puede dejar pasar una sola oportunidad de demostrarlo.
Qué supone firmar la Declaración Escrita 12/2010 (y por tanto, qué significaría no hacerlo)
a) Supone que el Eurodiputado ratifique su compromiso en la defensa de la democracia y de la propia filosofía de la U.E, que se ha
dotado de instrumentos para asegurar que Europa sea una democracia moderna, así como una economía próspera basada en la capacidad de sus
países miembros.
b) Supone reforzar la autoridad del Parlamento Europeo, como instancia imprescindible para garantizar la protección de los ciudadanos de la Unión.
c) Supone reforzar también el compromiso de los Eurodiputados con el crecimiento económico de la Eurozona y una apuesta decidida por los pequeños emprendedores en el área de Internet y las -ya no tan- Nuevas Tecnologías.
d) Supone además un golpe al euroescepticismo que crece entre los ciudadanos de la Unión, especialmente en momentos de crisis. Sólo si los ciudadanos ven que sus representantes en Bruselas les defienden, comprenderán que es la unión de los diferentes pueblos de Europa lo único que puede hacernos más fuertes.
e) Supone, finalmente, transmitir un claro mensaje a los internautas de que sus representantes europeos están decididos a defender sus derechos como ciudadanos, que no son otros que los mismos que rigen en la vida cotidiana, como el derecho a la privacidad de las comunicaciones electrónicas, el derecho a la libertad de expresión y sobre todo el derecho a que no sean sistemáticamente criminalizados a priori como colectivo.
Por todo esto, si su grupo político comparte estos planteamientos, es importantísimo que Usted lo manifieste acercándose a firmar la Declaración Escrita 12/2010 durante la próxima sesión plenaria, del 14 al 18 de junio, o bien en cualquier otro momento en el que se encuentre cerca de la mesa de firmas de Estrasburgo.
Como siempre, quedamos a su entera disposición para aclarar cuantas dudas puedan tener acerca de este asunto.
Reciban un cordial saludo, (Tu nombre y apellidos)
(dirección autentica de correo electrónico)
----= FIN TEXTO DE LA CARTA =----
¡ATENCIÓN!. Procurar incluir en el e-mail todos los enlaces existentes en en texto de la carta.
A continuación os dejamos los e-mails actualizados de los que todavía no han firmado:
Copia y pega en el casillero de Para: las direcciones que inserto abajo, a ser posible que no superen las 30 direcciones, por lo que supongo deberas enviar dos emails
PP:
pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu, pilar.ayuso@europarl.europa.eu, luis.degrandespascual@europarl.europa.eu, pilar.delcastillo@europarl.europa.eu, agustin.diazdemera@europarl.europa.eu, rosa.estaras@europarl.europa.eu, carmen.fragaestevez@europarl.europa.eu, josemanuel.garcia-margalloymarfil@europarl.europa.eu, salvador.garrigapolledo@europarl.europa.eu, cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu, esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu, carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu, teresa.jimenez-becerril@europarl.europa.eu, veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu, antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu, gabriel.mato@europarl.europa.eu, jaime.mayororeja@europarl.europa.eu, francisco.millanmon@europarl.europa.eu, joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu, alejo.vidal-quadras@europarl.europa.eu, pablo.zalbabidegain@europarl.europa.eu
Gracias por tu colaboración y recuerda, esto es una iniciativa con el fin de evitar que nos vendan a la industria y a todos esos que amenazan nuestras libertades sociales y individuales.
domingo, 6 de junio de 2010
La pornografía infantil como argumento para justificarlo todo, de Enrique Dans
Una página de petición de firma para la Declaración 29, teóricamente diseñada para luchar contra la pornografía infantil, deja patente el nivel de manipulación ejercido sobre los parlamentarios europeos y las condiciones en las que se fragua – o “se cocina” – la legislación que termina aplicándose a todos los estados miembros: una dramática foto en blanco y negro de un niño con los ojos muy abiertos y mirada aterrorizada, que se desgarra en la parte de la boca, mientras un titular grande sobre fondo rojo exhorta a luchar contra la pornografía infantil, la pedofilia y el acoso sexual y una serie de vídeos en varios idiomas pretende poner de manifiesto lo terrible del fenómeno. ¿En el fondo? Una directiva para crear un sistema de detección temprana que permita nada menos que monitorizar y almacenar durante largos períodos de tiempo los datos de las búsquedas de todos los ciudadanos europeos, usando la pornografía infantil a modo de patética excusa, de bola de demolición contra los derechos fundamentales mas básicos. Es uno de los trucos más habituales de los liberticidas: el recurso a los miedos comunes, a los lugares comunes que toda persona de bien considera repugnante, para colar gracias a ello y sin discusión todo tipo de temas.
Lo peor del tema, además, es que no funciona. Los pedófilos peligrosos no utilizan motores de búsqueda convencionales para localizar los archivos que producen o que consumen. La pornografía infantil es, por supuesto, un problema grave, que afecta a inocentes y contra el que se debe luchar con toda la fuerza de la ley. Se debe localizar y perseguir sin piedad de ningún tipo a quienes crean ese tipo de materiales, a los que llevan a cabo esos repugnantes actos, a los que los suben a la red, a los que los almacenan y a los que los descargan. Para ello, todo esfuerzo vale la pena, incluidos los sistemas que recogen las denuncias de los ciudadanos y de la comunidad a través de conductos adecuados y que, como en tantos otros problemas en la red, han demostrado su efectividad de manera sobrada. No se puede minimizar la importancia del problema, ni permitir resquicios legales que posibiliten o resten importancia a dicho comportamiento. Pero nos pongamos como nos pongamos, la retención de datos no es la solución. La retención de datos únicamente consigue que se espíe a millones de ciudadanos inocentes, que se criminalice a toda la población y que se vulneren los derechos más básicos, mientras los verdaderos responsables de la pornografía infantil permanecen al margen del sistema mediante sistemas de cifrado y otro tipo de métodos. Convertir la red en un lugar en el que todos nuestros actos y nuestros clics son registrados y almacenados por la policía solo consigue que quienes de verdad quieren hacer algo malo, circulen por la red enmascarados.
En la red de hoy se puede perseguir el crimen. Se persigue dando medios tecnológicos y formación a la policía, creando grupos especiales para delitos telemáticos que muestran cada vez una aptitud mayor y que saben aplicar sentido común a sus acciones, facilitando la denuncia y sobre todo, con información, con mucha información. Si la red, debido a un nivel de presión absolutamente injustificado, se convierte en un lugar donde todos circulamos encapuchados como única manera de proteger nuestros derechos fundamentales, la persecución del crimen será mucho más compleja: no solo no habremos contribuido a la solución del problema, sino que lo habremos empeorado. Pero eso, a los oscuros intereses que se esconden detrás de esas propuestas, les da exactamente igual. En realidad, todo, menos lo suyo, les da exactamente igual. Detrás de la supuesta lucha contra la pornografía infantil y detrás de la Declaración 29 hay una serie de intereses que nada tienen que ver con los derechos de los niños ni con las aberraciones que se cometen en ese sentido. Cuando escuches a un político recurrir a la pornografía infantil para justificarlo todo, sospecha, sospecha mucho. La Declaración 29 debería, además de ser rechazada (precisa 369 apoyos y, por el momento, tiene 324), ser objeto de una concienzuda investigación que revele quiénes están realmente detrás de ella y qué pretenden, y la aplicación de las sanciones adecuadas para quienes pretenden manipular al Parlamento con semejantes argumentos. fuente:http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/enrique-dans/la-pornografia-infantil-como-argumento-para-justificarlo-todo/127703620592140
Lo peor del tema, además, es que no funciona. Los pedófilos peligrosos no utilizan motores de búsqueda convencionales para localizar los archivos que producen o que consumen. La pornografía infantil es, por supuesto, un problema grave, que afecta a inocentes y contra el que se debe luchar con toda la fuerza de la ley. Se debe localizar y perseguir sin piedad de ningún tipo a quienes crean ese tipo de materiales, a los que llevan a cabo esos repugnantes actos, a los que los suben a la red, a los que los almacenan y a los que los descargan. Para ello, todo esfuerzo vale la pena, incluidos los sistemas que recogen las denuncias de los ciudadanos y de la comunidad a través de conductos adecuados y que, como en tantos otros problemas en la red, han demostrado su efectividad de manera sobrada. No se puede minimizar la importancia del problema, ni permitir resquicios legales que posibiliten o resten importancia a dicho comportamiento. Pero nos pongamos como nos pongamos, la retención de datos no es la solución. La retención de datos únicamente consigue que se espíe a millones de ciudadanos inocentes, que se criminalice a toda la población y que se vulneren los derechos más básicos, mientras los verdaderos responsables de la pornografía infantil permanecen al margen del sistema mediante sistemas de cifrado y otro tipo de métodos. Convertir la red en un lugar en el que todos nuestros actos y nuestros clics son registrados y almacenados por la policía solo consigue que quienes de verdad quieren hacer algo malo, circulen por la red enmascarados.
En la red de hoy se puede perseguir el crimen. Se persigue dando medios tecnológicos y formación a la policía, creando grupos especiales para delitos telemáticos que muestran cada vez una aptitud mayor y que saben aplicar sentido común a sus acciones, facilitando la denuncia y sobre todo, con información, con mucha información. Si la red, debido a un nivel de presión absolutamente injustificado, se convierte en un lugar donde todos circulamos encapuchados como única manera de proteger nuestros derechos fundamentales, la persecución del crimen será mucho más compleja: no solo no habremos contribuido a la solución del problema, sino que lo habremos empeorado. Pero eso, a los oscuros intereses que se esconden detrás de esas propuestas, les da exactamente igual. En realidad, todo, menos lo suyo, les da exactamente igual. Detrás de la supuesta lucha contra la pornografía infantil y detrás de la Declaración 29 hay una serie de intereses que nada tienen que ver con los derechos de los niños ni con las aberraciones que se cometen en ese sentido. Cuando escuches a un político recurrir a la pornografía infantil para justificarlo todo, sospecha, sospecha mucho. La Declaración 29 debería, además de ser rechazada (precisa 369 apoyos y, por el momento, tiene 324), ser objeto de una concienzuda investigación que revele quiénes están realmente detrás de ella y qué pretenden, y la aplicación de las sanciones adecuadas para quienes pretenden manipular al Parlamento con semejantes argumentos. fuente:http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/enrique-dans/la-pornografia-infantil-como-argumento-para-justificarlo-todo/127703620592140
viernes, 4 de junio de 2010
Zapatero: «Erradicar la piratería cultural es tan urgente como en su día acabar con la piratería de los mares» y yo añado : mas importante acabar con la corrupcion politica
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estimado que luchar contra la piratería informativa y cultural es "una exigencia perentoria" y se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el trabajo de autores y editores sea preservado y remunerado de manera justa.Y yo añado : "mas importante acabar con la corrupcion politica".Nuestro presidente de gobierno ,hoy ha hecho esta declaraciones,intentandose ganar a no se quien ,por que la mayoria que le votemos en las anteriores votaciones ,no le pusimos ahi para recortanos nuestros derechos sociales ,ni libertades ,pero bueno al caso que se nos presenta hoy aqui ;esas desafortunadas declaraciones ;cuando en la historia nos dice que la corrupcion politica ha sido mas defraudadora que la pirateria de los mares y ha los hecho me remito: Investigaciones de la Fiscalía en los 28 sumarios más importantes
La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años.En 2005 España se encontraba en el puesto 23 de los países más corruptos. La corrupción política en España ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Así se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de otros procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.
Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.
En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.
El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.
En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.
El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).
La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente". Pero anteriormente a estos casos ha habido otros igual de sonados. (PSOE) "Caso Mariano Rubio" y "Caso Iberco Gobernador del Banco de España entre julio de 1984 y julio de 1992. En 1984 es nombrado Gobernador del Banco de España y que ocupó hasta Julio de 1992. Durante su etapa al frente de la entidad tuvo que hacer frente a la grave crisis financiera que atravesó el país. Tras unas informaciones reveladas por el Diario El Mundo en 1992, en las que se denunciaba su implicación en un delito de fraude a Hacienda (Caso Ibercorp), dimitió de su cargo. Una segunda causa en la que se vio implicado fue la conocida como "Caso Mariano" causa por haber mantenido una cuenta opaca para el fisco, con unos 180.000 euros y bajo un nombre en clave. Cuenta que se la gestionaba el propio Manuel de la Concha. (Implicado en el Caso Ibercorp). El 5 de mayo de 1996 ingresaba en prisión, a petición del Fiscal Jefe de Madrid D. Mariano Fernández Bermejo, de la que saldría bajo fianza. Falleció en Madrid a la edad de 67 años víctima de un cáncer de colon.(PSOE) "Caso Carmen Salanueva"
En el año 89, el mundo se le vino encima y su proverbial fortaleza se hizo trizas. Comenzaron a publicarse las irregularidades de su gestión al frente del BOE: gastos de viajes injustificados, compra de papel por un precio superior al de mercado, contratación irregular de maquinaria... La puntilla se la dio su propio jefe político, el entonces ministro de la Presidencia, Virgilio Zapatero, quien presentó una denuncia ante el fiscal por un fraude que la Intervención General del Estado cifró en más de mil millones de pesetas. Después, el abismo. Una noche en la cárcel, un sumario abierto por varios delitos. «Me han encarnado en la imagen de la corrupción. Tengo todos los ingredientes para hacer de punching ball». Y lo fue definitivamente el día en que se supo que, llevada por su gran amor al arte y sus delirios de grandeza, había comprado cuadros a una galería madrileña fingiendo ser la Reina y Carmen Romero, esposa del entonces presidente del Gobierno. Traspasó, en definitiva, todas las fronteras. Perdió su trabajo, a sus amigos, se convirtió en una especie de apestada de la que nadie quería saber. Por la compra de los cuadros fue condenada a cuatro años y medio de prisión. Entonces sí que se sintió la mujer más desgraciada del mundo. Porque, ante su conciencia, juraba ser inocente. Dijo sobre su condena: «Pienso que es como si me hubiera dado un cáncer. Pero tengo un cáncer en el que el médico se ha equivocado y hay unos cuantos que quieren que el médico se equivoque». Terrible premonición -un cáncer acabó con su vida anteayer- de una mujer que en aquellas fechas había perdido ya las ganas de vivir. Unicamente lloraba. Por la calle la insultaban. El dinero que había acumulado sólo le sirvió para contratar los servicios de uno de los mejores despachos de abogados de Madrid. Para nada más. Pensando y gritando: «Yo no he hecho nada», ingresó en la cárcel de Soto del Real el 29 de abril de 1996 para cumplir su condena. En su celda sufría grandes dolores de cabeza, pero los médicos de la cárcel no lograron diagnosticarle la enfermedad que ha acabado con su vida. Se sometió a un reconocimiento fuera de la cárcel y sus peores presagios se cumplieron. La enfermedad no tenía tratamiento. Salió de la cárcel varios meses después y pasó sus últimos años recluida en casa, refugiada en la religión, con la única compañía de Gloria Nistal, la mujer que compartió sus días de gloria y los de tormento. «A mí me parece posible que yo me haya portado mal con la sociedad, pero, desde luego, la sociedad ha sido cruel conmigo», decía en el año 95. La sociedad, la Justicia en este caso, aún no se había cobrado todas sus deudas con ella. Todavía quedaba pendiente el juicio por las irregularidades cometidas en el BOE, por las que el fiscal le pedía 14 años de cárcel. La fecha del juicio estaba ya cerca, pero la desgracia final la libró de este nuevo calvario. Carmen Salanueva , ex directora del BOE, nació en Pamplona en diciembre de 1948 y murió en Madrid el 17 de enero de 2000.Ademas de otros casos como Luis Roldan,Rafael Vera ,Jose Barrionuevo . fuentes:elmundo http://bit.ly/3Row82 ,corrupciones .es http://bit.ly/9wVqnc
La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años.En 2005 España se encontraba en el puesto 23 de los países más corruptos. La corrupción política en España ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Así se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de otros procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.
Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.
En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.
El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.
En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.
El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).
La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente". Pero anteriormente a estos casos ha habido otros igual de sonados. (PSOE) "Caso Mariano Rubio" y "Caso Iberco Gobernador del Banco de España entre julio de 1984 y julio de 1992. En 1984 es nombrado Gobernador del Banco de España y que ocupó hasta Julio de 1992. Durante su etapa al frente de la entidad tuvo que hacer frente a la grave crisis financiera que atravesó el país. Tras unas informaciones reveladas por el Diario El Mundo en 1992, en las que se denunciaba su implicación en un delito de fraude a Hacienda (Caso Ibercorp), dimitió de su cargo. Una segunda causa en la que se vio implicado fue la conocida como "Caso Mariano" causa por haber mantenido una cuenta opaca para el fisco, con unos 180.000 euros y bajo un nombre en clave. Cuenta que se la gestionaba el propio Manuel de la Concha. (Implicado en el Caso Ibercorp). El 5 de mayo de 1996 ingresaba en prisión, a petición del Fiscal Jefe de Madrid D. Mariano Fernández Bermejo, de la que saldría bajo fianza. Falleció en Madrid a la edad de 67 años víctima de un cáncer de colon.(PSOE) "Caso Carmen Salanueva"
En el año 89, el mundo se le vino encima y su proverbial fortaleza se hizo trizas. Comenzaron a publicarse las irregularidades de su gestión al frente del BOE: gastos de viajes injustificados, compra de papel por un precio superior al de mercado, contratación irregular de maquinaria... La puntilla se la dio su propio jefe político, el entonces ministro de la Presidencia, Virgilio Zapatero, quien presentó una denuncia ante el fiscal por un fraude que la Intervención General del Estado cifró en más de mil millones de pesetas. Después, el abismo. Una noche en la cárcel, un sumario abierto por varios delitos. «Me han encarnado en la imagen de la corrupción. Tengo todos los ingredientes para hacer de punching ball». Y lo fue definitivamente el día en que se supo que, llevada por su gran amor al arte y sus delirios de grandeza, había comprado cuadros a una galería madrileña fingiendo ser la Reina y Carmen Romero, esposa del entonces presidente del Gobierno. Traspasó, en definitiva, todas las fronteras. Perdió su trabajo, a sus amigos, se convirtió en una especie de apestada de la que nadie quería saber. Por la compra de los cuadros fue condenada a cuatro años y medio de prisión. Entonces sí que se sintió la mujer más desgraciada del mundo. Porque, ante su conciencia, juraba ser inocente. Dijo sobre su condena: «Pienso que es como si me hubiera dado un cáncer. Pero tengo un cáncer en el que el médico se ha equivocado y hay unos cuantos que quieren que el médico se equivoque». Terrible premonición -un cáncer acabó con su vida anteayer- de una mujer que en aquellas fechas había perdido ya las ganas de vivir. Unicamente lloraba. Por la calle la insultaban. El dinero que había acumulado sólo le sirvió para contratar los servicios de uno de los mejores despachos de abogados de Madrid. Para nada más. Pensando y gritando: «Yo no he hecho nada», ingresó en la cárcel de Soto del Real el 29 de abril de 1996 para cumplir su condena. En su celda sufría grandes dolores de cabeza, pero los médicos de la cárcel no lograron diagnosticarle la enfermedad que ha acabado con su vida. Se sometió a un reconocimiento fuera de la cárcel y sus peores presagios se cumplieron. La enfermedad no tenía tratamiento. Salió de la cárcel varios meses después y pasó sus últimos años recluida en casa, refugiada en la religión, con la única compañía de Gloria Nistal, la mujer que compartió sus días de gloria y los de tormento. «A mí me parece posible que yo me haya portado mal con la sociedad, pero, desde luego, la sociedad ha sido cruel conmigo», decía en el año 95. La sociedad, la Justicia en este caso, aún no se había cobrado todas sus deudas con ella. Todavía quedaba pendiente el juicio por las irregularidades cometidas en el BOE, por las que el fiscal le pedía 14 años de cárcel. La fecha del juicio estaba ya cerca, pero la desgracia final la libró de este nuevo calvario. Carmen Salanueva , ex directora del BOE, nació en Pamplona en diciembre de 1948 y murió en Madrid el 17 de enero de 2000.Ademas de otros casos como Luis Roldan,Rafael Vera ,Jose Barrionuevo . fuentes:elmundo http://bit.ly/3Row82 ,corrupciones .es http://bit.ly/9wVqnc
sábado, 29 de mayo de 2010
El Gobierno y el PSOE dejan sola y sin guión para su regulación de internet a González-Sinde
Asume que no habrá Ley antes de otoño mientras Ferraz y la subcomisión de Cultura abogan por reformar la LPI y repensar el canon digital tras el aviso del TUE
La industria audiovisual marca distancias: no habrá macroweb sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras
Ángeles González_Sinde, ministra de Cultura
Ana Zarzuela.- Empieza a sospechar que tiene razón la SGAE con eso de que “es más fácil ponerle puertas al campo que regular internet”. La ministra de Cultura reconoce, por primera vez, que la Ley de Economía Sostenible no llegará a Pleno del Congreso antes de octubre, a lo peor nada hasta 2011. González-Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual bajo su Ministerio con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas de sospechosas de encajar en su perfil ‘pirata’. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de modificar el primer rumbo y de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete durante la presidencia española. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Ni en Industria ni en Ferraz quieren sostener el mismo texto, ya cuestionado por el CES y varias organizaciones de la judicatura. Moncloa y el grupo socialista sopesan aprovechar el tiempo para la cirugía de la Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo modelo de canon digital. Sinde sólo espera. Cuando la Ley vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.
A Ángeles González-Sinde no sólo la asusta la evidencia de que el Congreso de los Diputados haya prorrogado por cuarta vez -ahora, hasta el 1 de junio- el plazo para presentar enmiendas a la 'Ley Sinde’. El texto del proyecto de ley todavía no ha llegado a Comisión. Hasta en el Grupo Socialista se da por hecho que no saldrá del Congreso hasta finales de junio o incluso julio: una vez que se cierre el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, deberá debatirse en Pleno y después negociarse en Comisión. En Moncloa barajan ya la posibilidad de que el Senado no proceda a su tramitación hasta que arranque el nuevo periodo de sesiones en septiembre, por lo que el proceso puede demorarse hasta finales de 2010, muy lejos de las promesas iniciales de Rodríguez Zapatero. El tiempo corre en contra de los planes y los calendarios de la ministra. Si el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, le advertía que “una regulación preventiva de Internet llevaría al fracaso” y no se puede “poner puertas al campo, al contrario, hay que diseñar la tabla de surf adecuada para navegar", el director general de Red.es, dependiente del Ministerio, Sebastián Muriel, exige “el equilibrio adecuado” en derechos de autor y apunta a un doble modelo de negocio que alterne el copyright con las licencias 'Creative Commons'. De hecho, a pesar de que fue la propia ministra Sinde la que sugería a los editores de libros electrónicos darle ya la espalda al ‘creative commons’, España es el primer mercado del mundo en este modelo de copyleft.
En el Grupo Socialista aún buscan la cuadratura del círculo pero se da ya casi por hecho que durante el trámite parlamentario el Gobierno se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto al texto de la ‘Ley Sinde’ aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de marzo. No por el silencio que mantienen aún CiU, IU o Coalición Canaria, la oposición inicial de PNV, ERC y UPyD a la “ley antidescargas”, o la ‘suavidad’ a la que se ha trasladado el PP. Sino porque, por más que puedan obviar a las asociaciones de internet, los recelos de las empresas del sector, o los avisos de las patronales tecnológicas, ni en Presidencia ni en Ferraz quieren driblar sin más los ‘avisos’ de algunos órganos consultivos como el Consejo Economico y Social -que pide una reforma integral de la LES y de la Ley de Propiedad Intelectual- y la Comisión Nacional de la Competencia. Aunque quisieron exponer su modelo mixto -denuncia de la Comisión de Propiedad Intelectual y cortes cautelares autorizados por la Audiencia Nacional- a las bendiciones de la comunidad jurídica, el informe del Consejo Fiscal llovió sobre mojado en las luces rojas que las cúpulas y las principales asociaciones de la magistratura y la abogacía han encendido ante Sinde y Caamaño.
RETRASOS Y REFORMAS
Lo recordaba esta semana en sede parlamentaria en el Día Mundial de la Red nada menos que la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, María González: “la Ley Sinde es todavía un debate abierto y el Gobierno ha mostrado en este asunto su disposición a los cambios”. De la Comisión de Propiedad Intelectual -de la que habían empezado ya a barajar apellidos en Industria y Cultura- no quieren ni hablar: la ley deja pendiente de desarrollar el reglamento que especificará el procedimiento. Y en la mesa de Caamaño aún barajan el perfil de una Comisión al que el propio ministro no dudaba, en su presentación en sociedad, en calificar como ‘policía’ de internet. Sinde no sabe, no contesta, no tiene ni una pista de quién formará la llamada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura encargada de supervisar las páginas web susceptibles de bloqueo, que existe desde 1987 pero ahora se redimensiona, desdoblándose en dos secciones. La Coalición de Creadores ha pedido que la Comisión que decidirá sobre el cierre de páginas webs no tenga representantes de las entidades de gestión a las que representa, pero si "expertos independientes".
La Ley de Propiedad Intelectual puede tener los días contados. Por primera vez la titular de Cultura lo reconoce formalmente. Cosas de la ‘edad’, para Sinde, que lo achaca a dos décadas de antigüedad de su regulación original y nueve años de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero por más que prevenga que su reforma no se acometerá “mañana por la mañana”, ni son sus años el origen de la reforma, ni podrá seguir en el limbo parlamentario del que Ángeles González-Sinde no quiere retirarla. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le viene advirtiendo de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual. España no quiere ser la vanguardia del pirateo, pero tampoco de la represión.
Esa fue la conclusión del de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso, con el que llama a corregir la imposición al usuario del canon digital y recuerda que la facultad de los ciudadanos de realizar copias privadas no puede suponer el perjuicio de los creadores, ni la penalización por inercia del usuario, que hay que volver a legislar y que el gravamen digital es una forma de represión legal contra el ciudadano. Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” con su exigencia de revisar "tarifas inequitativas y discriminatorias", y el monopolio de la gestión de los derechos de autor. En la Plaza del Rey, bajo la mesa, saben que no tienen ya más remedio que barajar las recomendaciones avaladas por PSOE, PP, CiU, PNV y ERC en el documento oficial de la Subcomisión.
Tras haber estudiado informes de un centenar entidades, no sólo insta al Gobierno a que “realice políticas activas para pacificar los conflictos, a fomentar el diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor”. Le exige que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.
DESENCUENTROS EUROPEOS
Y es que, casi dos años después de la introducción del canon digital en España, la Justicia europea le ha puesto fecha y motivos de caducidad al modelo ibérico. Al menos, a la parte que pagan las empresas y las administraciones públicas. En muchos países del mundo existe un canon por copia privada (una tasa que se aplica a diversos medios de grabación a favor, supuestamente, de autores, artistas y productores), pero e modelo vigente en España, desde el 2008, es de lo más duros ya que se aplica a más productos que en otros países (reproductores MP3 o teléfonos móviles por ejemplo). El informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es “indiscriminada” y sobrepasa la “compensación equitativa” a los autores, que la Unión Europea sí reconoce. Sinde se aferra al consuelo del tiempo muerto: las conclusiones de Trstenjak no son las definitivas del Tribunal de Luxemburgo, que todavía tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la institución recordaban a Público que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general. Más aún: el informe jurídico de la abogacía general plantea que la aplicación del canon también podría ser incorrecta cuando grava a los consumidores: “sólo estará justificado” cuando los soportes se utilicen "presumiblemente" para realizar copias privadas de contenido protegido, algo que no tiene por qué ocurrir cuando el dueño de un soporte, como un CD, lo usa para compartir sus propios escritos o fotografías.
Las asociaciones de internautas y de los consumidores ya se han pronunciado respecto al dictamen y ofrecen nuevas soluciones, como una recaudación “exclusivamente” para productos originales de venta al público, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento "sencillo, eficaz y rápido" para la resolución de reclamaciones de quienes no estén obligados por ley a pagar. No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen y una veintena de grandes ayuntamientos están dispuestos a rebelarse contra él. Los esfuerzos de Sinde por atribuir a "los fabricantes” la responsabilidad por “haber trasladado el problema a los consumidores, que son los que pagan el canon digital”, sólo ha dado en los muros de la batalla con la industria de dispositivos digitales y sus patronales y con la evidencia de su propia Ley del Canon Digital. Es el propio artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual el que desde 1996 (e incluso antes la norma anterior) establece la obligación del fabricante o importador y del resto de revendedores de repercutir el canon a lo largo de toda la cadena de distribución hasta llegar, finalmente, al consumidor. Los fabricantes actúan como "meros recaudadores de impuestos para la sociedad de autores", advierte la patronal Aetic.
Además, el Supervisor de Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, le ha advertido de manera formal a la presidencia española y a Barroso que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España pueden violar al menos dos directivas europeas: la 95/46, sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Y sugiere, en lugar de hacer responsables a las telecos y los proveedores de internet del contenido de sus redes (como sugiere el ACTA y estaba dispuesto a apadrinar Sebastián en la Carta de Granada), medidas “menos intrusivas”, como la monitorización ad hoc dirigida de cierto tráfico de Internet en lugar de la vigilancia global. Además, considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa. Más aún, llueve sobre mojado en las líneas rojas que la judicatura española, el CSE, el CGPJ y el Consejo Fiscal le marcaban desde enero a la ministra Sinde: la regulación española no puede colocar la propiedad intelectual sobre otros derechos fundamentales como la privacidad o la libertad de expresión.
SIN FECHA PARA LOS ‘VIAJES A NINGUNA PARTE’
Cuando lleguen la Disposición Final Segunda de la Les y la reforma de la LPI -o las dos- , si lo hacen, será con todas las luces de alarma ya encendidas. Las de su necesidad, se las ha encendido desde antes de que la LES viera la luz, la judicatura. Se lo recordaba la Asociación Francisco de Vitoria: el de la LES puede ser el viaje a ninguna parte. Ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucran con la piratería. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”. Más aún si, como pretende, pero ahora se persigue a las que, sin cobrar por ello, enlazan a las primeras, aún a riesgo de “violar lo que empezaba a ser una máxima de jurisprudencia”: no cerrar una web “cuando no había ánimo de lucro.
La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Hasta ahora los jueces de lo mercantil han concluido mayoritariamente que los enlaces no infringen la propiedad intelectual. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigot la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.
Las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países o saltarse los bloqueos. Nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. Y que, a lo peor, queda reducida a poco más que una carrera de sombras.
Finalmente, las alarmas por la eficacia financiera se las dispara de nuevo el estudio económico de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo son “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música son prácticamente los mismos en 2005 que en 2008 (en torno a los 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado. La venta de música en el mercado digital se ha multiplicado por cinco en cuatro años al pasar de 5 millones a 36 millones de euros. Además, los ingresos por descargas han pasado en ese plazo de 1 a 11 millón, y los contenidos digitales por móviles se han disparado de 5 a 18,5 millones en cinco años.
Las ventas de música digital a nivel mundial ya suponen un 25% del total de los ingresos de la industria. Y su crecimiento repercute directamente en las ventas físicas, saneando la industria de las regiones donde impulsan y ofertan este tipo de servicios. En lo que respecta a Europa, la regla de más ventas digitales, menos pérdidas en ventas físicas y globales, se mantiene. Europa ha visto crecer su sector de música digital en un 29,7% respecto a 2008. El decrecimiento en ventas físicas ha sido del 8,9% y la industria a visto menguar su facturación desde 2008 en un 4,1%."Si el precio de la oferta online es suficientemente razonable, desaparecerán los incentivos para las descargas", apunta Boldrin, con el modelo a la vista de iTunes, como un ejemplo exitoso, donde cliente y empresa ganan. En su lista de recomendaciones para Sinde, crear un marco legal que permita desarrollar un mercado competitivo de distribución digital de la música, y limitar el copyright a dos o tres años. Además, los autores insisten en que "dedicarse a perseguir webs de música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a Internet por temas relacionados con el ocio, probablemente no sea la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial en el nuevo modelo".
LOS ARGUMENTOS ‘PIRATAS’ DE SINDE
No cree en los informes británicos que le recuerdan que el 44% de aquellos que utilizan “métodos piratas” estarían dispuestos a pagar una pequeña tasa mensual para seguir descargando archivos;la encuesta de CoreData, que concluye que si los precios fuesen inferiores, la mayoría de los usuarios accederían a pagar, o el estudio de Nico van Eijk: los usuarios que más usan P2P son los mejores clientes del sector de la música, películas y videojuegos. El 68% de los usuarios que descarga música también la compra, acude a conciertos y adquiere productos de merchandising. Pero González-Sinde rebaja el tono y defiende ahora que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado". Sólo que lo ha hecho, además, por primera vez y como argumento de respuesta ante la nueva denuncia de la industria audiovisual norteamericana, la patronal del cine y la agencia de comercio del Gobierno Federal. Un informe de este mismo mes del Congreso de EE UU deja de nuevo a España como “país pirata” en la misma lista negra de sospechas que Canadá, México, China o Rusia y le atribuye la descarga de más de 1,2 millones de copias ilegales sólo en diciembre de 2009.
En palabras de la ministra, “los usuarios en España tienen una voracidad de poder consumir y en algunos casos no encuentran los productos que quieren y eso les lleva a acceder a otras fuentes no remuneradas para el visionado de películas”. Lo hace apenas dos semanas después de que la Ministra de Cultura denunciara durante una comparecencia en el Congreso para informar de la LES y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que “un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país”. Si su viaje oficial a EE UU esta semana buscaba distender el enfrentamiento con el lobby cultural americano, superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España, la ministra ha conseguido todo lo contrario. España es “uno de los peores infractores de derechos de propiedad intelectual”, replicaba al día siguiente de su encuentro el presidente de la Asociación Cinematográfica de EE UU. Ha reavivado las heridas de gigantes como Sony Entertainment, que se han llegado a plantear la viabilidad del mercado de los DVDs en España. Tanto como que Sinde tenga que incluir de nuevo en su discurso un guiño: “hay que evitar que las grandes distribuidoras no se arriesguen a invertir en España porque no es segura, como ocurre ahora con i-Tunes, que no permite la compra de películas desde el mercado español”. fuente:Intelligence and Capital News
La industria audiovisual marca distancias: no habrá macroweb sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras
Ángeles González_Sinde, ministra de Cultura
Ana Zarzuela.- Empieza a sospechar que tiene razón la SGAE con eso de que “es más fácil ponerle puertas al campo que regular internet”. La ministra de Cultura reconoce, por primera vez, que la Ley de Economía Sostenible no llegará a Pleno del Congreso antes de octubre, a lo peor nada hasta 2011. González-Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual bajo su Ministerio con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas de sospechosas de encajar en su perfil ‘pirata’. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de modificar el primer rumbo y de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete durante la presidencia española. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Ni en Industria ni en Ferraz quieren sostener el mismo texto, ya cuestionado por el CES y varias organizaciones de la judicatura. Moncloa y el grupo socialista sopesan aprovechar el tiempo para la cirugía de la Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo modelo de canon digital. Sinde sólo espera. Cuando la Ley vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.
A Ángeles González-Sinde no sólo la asusta la evidencia de que el Congreso de los Diputados haya prorrogado por cuarta vez -ahora, hasta el 1 de junio- el plazo para presentar enmiendas a la 'Ley Sinde’. El texto del proyecto de ley todavía no ha llegado a Comisión. Hasta en el Grupo Socialista se da por hecho que no saldrá del Congreso hasta finales de junio o incluso julio: una vez que se cierre el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, deberá debatirse en Pleno y después negociarse en Comisión. En Moncloa barajan ya la posibilidad de que el Senado no proceda a su tramitación hasta que arranque el nuevo periodo de sesiones en septiembre, por lo que el proceso puede demorarse hasta finales de 2010, muy lejos de las promesas iniciales de Rodríguez Zapatero. El tiempo corre en contra de los planes y los calendarios de la ministra. Si el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, le advertía que “una regulación preventiva de Internet llevaría al fracaso” y no se puede “poner puertas al campo, al contrario, hay que diseñar la tabla de surf adecuada para navegar", el director general de Red.es, dependiente del Ministerio, Sebastián Muriel, exige “el equilibrio adecuado” en derechos de autor y apunta a un doble modelo de negocio que alterne el copyright con las licencias 'Creative Commons'. De hecho, a pesar de que fue la propia ministra Sinde la que sugería a los editores de libros electrónicos darle ya la espalda al ‘creative commons’, España es el primer mercado del mundo en este modelo de copyleft.
En el Grupo Socialista aún buscan la cuadratura del círculo pero se da ya casi por hecho que durante el trámite parlamentario el Gobierno se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto al texto de la ‘Ley Sinde’ aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de marzo. No por el silencio que mantienen aún CiU, IU o Coalición Canaria, la oposición inicial de PNV, ERC y UPyD a la “ley antidescargas”, o la ‘suavidad’ a la que se ha trasladado el PP. Sino porque, por más que puedan obviar a las asociaciones de internet, los recelos de las empresas del sector, o los avisos de las patronales tecnológicas, ni en Presidencia ni en Ferraz quieren driblar sin más los ‘avisos’ de algunos órganos consultivos como el Consejo Economico y Social -que pide una reforma integral de la LES y de la Ley de Propiedad Intelectual- y la Comisión Nacional de la Competencia. Aunque quisieron exponer su modelo mixto -denuncia de la Comisión de Propiedad Intelectual y cortes cautelares autorizados por la Audiencia Nacional- a las bendiciones de la comunidad jurídica, el informe del Consejo Fiscal llovió sobre mojado en las luces rojas que las cúpulas y las principales asociaciones de la magistratura y la abogacía han encendido ante Sinde y Caamaño.
RETRASOS Y REFORMAS
Lo recordaba esta semana en sede parlamentaria en el Día Mundial de la Red nada menos que la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, María González: “la Ley Sinde es todavía un debate abierto y el Gobierno ha mostrado en este asunto su disposición a los cambios”. De la Comisión de Propiedad Intelectual -de la que habían empezado ya a barajar apellidos en Industria y Cultura- no quieren ni hablar: la ley deja pendiente de desarrollar el reglamento que especificará el procedimiento. Y en la mesa de Caamaño aún barajan el perfil de una Comisión al que el propio ministro no dudaba, en su presentación en sociedad, en calificar como ‘policía’ de internet. Sinde no sabe, no contesta, no tiene ni una pista de quién formará la llamada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura encargada de supervisar las páginas web susceptibles de bloqueo, que existe desde 1987 pero ahora se redimensiona, desdoblándose en dos secciones. La Coalición de Creadores ha pedido que la Comisión que decidirá sobre el cierre de páginas webs no tenga representantes de las entidades de gestión a las que representa, pero si "expertos independientes".
La Ley de Propiedad Intelectual puede tener los días contados. Por primera vez la titular de Cultura lo reconoce formalmente. Cosas de la ‘edad’, para Sinde, que lo achaca a dos décadas de antigüedad de su regulación original y nueve años de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero por más que prevenga que su reforma no se acometerá “mañana por la mañana”, ni son sus años el origen de la reforma, ni podrá seguir en el limbo parlamentario del que Ángeles González-Sinde no quiere retirarla. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le viene advirtiendo de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual. España no quiere ser la vanguardia del pirateo, pero tampoco de la represión.
Esa fue la conclusión del de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso, con el que llama a corregir la imposición al usuario del canon digital y recuerda que la facultad de los ciudadanos de realizar copias privadas no puede suponer el perjuicio de los creadores, ni la penalización por inercia del usuario, que hay que volver a legislar y que el gravamen digital es una forma de represión legal contra el ciudadano. Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” con su exigencia de revisar "tarifas inequitativas y discriminatorias", y el monopolio de la gestión de los derechos de autor. En la Plaza del Rey, bajo la mesa, saben que no tienen ya más remedio que barajar las recomendaciones avaladas por PSOE, PP, CiU, PNV y ERC en el documento oficial de la Subcomisión.
Tras haber estudiado informes de un centenar entidades, no sólo insta al Gobierno a que “realice políticas activas para pacificar los conflictos, a fomentar el diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor”. Le exige que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.
DESENCUENTROS EUROPEOS
Y es que, casi dos años después de la introducción del canon digital en España, la Justicia europea le ha puesto fecha y motivos de caducidad al modelo ibérico. Al menos, a la parte que pagan las empresas y las administraciones públicas. En muchos países del mundo existe un canon por copia privada (una tasa que se aplica a diversos medios de grabación a favor, supuestamente, de autores, artistas y productores), pero e modelo vigente en España, desde el 2008, es de lo más duros ya que se aplica a más productos que en otros países (reproductores MP3 o teléfonos móviles por ejemplo). El informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es “indiscriminada” y sobrepasa la “compensación equitativa” a los autores, que la Unión Europea sí reconoce. Sinde se aferra al consuelo del tiempo muerto: las conclusiones de Trstenjak no son las definitivas del Tribunal de Luxemburgo, que todavía tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la institución recordaban a Público que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general. Más aún: el informe jurídico de la abogacía general plantea que la aplicación del canon también podría ser incorrecta cuando grava a los consumidores: “sólo estará justificado” cuando los soportes se utilicen "presumiblemente" para realizar copias privadas de contenido protegido, algo que no tiene por qué ocurrir cuando el dueño de un soporte, como un CD, lo usa para compartir sus propios escritos o fotografías.
Las asociaciones de internautas y de los consumidores ya se han pronunciado respecto al dictamen y ofrecen nuevas soluciones, como una recaudación “exclusivamente” para productos originales de venta al público, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento "sencillo, eficaz y rápido" para la resolución de reclamaciones de quienes no estén obligados por ley a pagar. No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen y una veintena de grandes ayuntamientos están dispuestos a rebelarse contra él. Los esfuerzos de Sinde por atribuir a "los fabricantes” la responsabilidad por “haber trasladado el problema a los consumidores, que son los que pagan el canon digital”, sólo ha dado en los muros de la batalla con la industria de dispositivos digitales y sus patronales y con la evidencia de su propia Ley del Canon Digital. Es el propio artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual el que desde 1996 (e incluso antes la norma anterior) establece la obligación del fabricante o importador y del resto de revendedores de repercutir el canon a lo largo de toda la cadena de distribución hasta llegar, finalmente, al consumidor. Los fabricantes actúan como "meros recaudadores de impuestos para la sociedad de autores", advierte la patronal Aetic.
Además, el Supervisor de Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, le ha advertido de manera formal a la presidencia española y a Barroso que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España pueden violar al menos dos directivas europeas: la 95/46, sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Y sugiere, en lugar de hacer responsables a las telecos y los proveedores de internet del contenido de sus redes (como sugiere el ACTA y estaba dispuesto a apadrinar Sebastián en la Carta de Granada), medidas “menos intrusivas”, como la monitorización ad hoc dirigida de cierto tráfico de Internet en lugar de la vigilancia global. Además, considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa. Más aún, llueve sobre mojado en las líneas rojas que la judicatura española, el CSE, el CGPJ y el Consejo Fiscal le marcaban desde enero a la ministra Sinde: la regulación española no puede colocar la propiedad intelectual sobre otros derechos fundamentales como la privacidad o la libertad de expresión.
SIN FECHA PARA LOS ‘VIAJES A NINGUNA PARTE’
Cuando lleguen la Disposición Final Segunda de la Les y la reforma de la LPI -o las dos- , si lo hacen, será con todas las luces de alarma ya encendidas. Las de su necesidad, se las ha encendido desde antes de que la LES viera la luz, la judicatura. Se lo recordaba la Asociación Francisco de Vitoria: el de la LES puede ser el viaje a ninguna parte. Ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucran con la piratería. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”. Más aún si, como pretende, pero ahora se persigue a las que, sin cobrar por ello, enlazan a las primeras, aún a riesgo de “violar lo que empezaba a ser una máxima de jurisprudencia”: no cerrar una web “cuando no había ánimo de lucro.
La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Hasta ahora los jueces de lo mercantil han concluido mayoritariamente que los enlaces no infringen la propiedad intelectual. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigot la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.
Las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países o saltarse los bloqueos. Nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. Y que, a lo peor, queda reducida a poco más que una carrera de sombras.
Finalmente, las alarmas por la eficacia financiera se las dispara de nuevo el estudio económico de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo son “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música son prácticamente los mismos en 2005 que en 2008 (en torno a los 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado. La venta de música en el mercado digital se ha multiplicado por cinco en cuatro años al pasar de 5 millones a 36 millones de euros. Además, los ingresos por descargas han pasado en ese plazo de 1 a 11 millón, y los contenidos digitales por móviles se han disparado de 5 a 18,5 millones en cinco años.
Las ventas de música digital a nivel mundial ya suponen un 25% del total de los ingresos de la industria. Y su crecimiento repercute directamente en las ventas físicas, saneando la industria de las regiones donde impulsan y ofertan este tipo de servicios. En lo que respecta a Europa, la regla de más ventas digitales, menos pérdidas en ventas físicas y globales, se mantiene. Europa ha visto crecer su sector de música digital en un 29,7% respecto a 2008. El decrecimiento en ventas físicas ha sido del 8,9% y la industria a visto menguar su facturación desde 2008 en un 4,1%."Si el precio de la oferta online es suficientemente razonable, desaparecerán los incentivos para las descargas", apunta Boldrin, con el modelo a la vista de iTunes, como un ejemplo exitoso, donde cliente y empresa ganan. En su lista de recomendaciones para Sinde, crear un marco legal que permita desarrollar un mercado competitivo de distribución digital de la música, y limitar el copyright a dos o tres años. Además, los autores insisten en que "dedicarse a perseguir webs de música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a Internet por temas relacionados con el ocio, probablemente no sea la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial en el nuevo modelo".
LOS ARGUMENTOS ‘PIRATAS’ DE SINDE
No cree en los informes británicos que le recuerdan que el 44% de aquellos que utilizan “métodos piratas” estarían dispuestos a pagar una pequeña tasa mensual para seguir descargando archivos;la encuesta de CoreData, que concluye que si los precios fuesen inferiores, la mayoría de los usuarios accederían a pagar, o el estudio de Nico van Eijk: los usuarios que más usan P2P son los mejores clientes del sector de la música, películas y videojuegos. El 68% de los usuarios que descarga música también la compra, acude a conciertos y adquiere productos de merchandising. Pero González-Sinde rebaja el tono y defiende ahora que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado". Sólo que lo ha hecho, además, por primera vez y como argumento de respuesta ante la nueva denuncia de la industria audiovisual norteamericana, la patronal del cine y la agencia de comercio del Gobierno Federal. Un informe de este mismo mes del Congreso de EE UU deja de nuevo a España como “país pirata” en la misma lista negra de sospechas que Canadá, México, China o Rusia y le atribuye la descarga de más de 1,2 millones de copias ilegales sólo en diciembre de 2009.
En palabras de la ministra, “los usuarios en España tienen una voracidad de poder consumir y en algunos casos no encuentran los productos que quieren y eso les lleva a acceder a otras fuentes no remuneradas para el visionado de películas”. Lo hace apenas dos semanas después de que la Ministra de Cultura denunciara durante una comparecencia en el Congreso para informar de la LES y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que “un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país”. Si su viaje oficial a EE UU esta semana buscaba distender el enfrentamiento con el lobby cultural americano, superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España, la ministra ha conseguido todo lo contrario. España es “uno de los peores infractores de derechos de propiedad intelectual”, replicaba al día siguiente de su encuentro el presidente de la Asociación Cinematográfica de EE UU. Ha reavivado las heridas de gigantes como Sony Entertainment, que se han llegado a plantear la viabilidad del mercado de los DVDs en España. Tanto como que Sinde tenga que incluir de nuevo en su discurso un guiño: “hay que evitar que las grandes distribuidoras no se arriesguen a invertir en España porque no es segura, como ocurre ahora con i-Tunes, que no permite la compra de películas desde el mercado español”. fuente:Intelligence and Capital News
sábado, 22 de mayo de 2010
LAS DESCARGAS Y EL WHISKY
Últimamente ,en los debates televisivos sobre la legalidad de las descargas, aquí en nuestro país , por parte de los representantes de la propiedad intelectual ,les da por poner a todos el mismo ejemplo “el Whisky” ;de que si que precio tiene , que si lo pagamos, que si no se que, entonces como un buen amante de esta bebida espirituosa decidí investigar un poco y esto es lo que encontré : “Hacia 1820 , a pesar de los 14000 alambiques ilegales que era confiscados cada año,se calcula que mas de la mitad del whisky consumido en Escocia era ingerido alegremente ,sin pagar ni un solo penique en impuestos . El duque de Gordon señalo en la cámara de los Lores que el absoluto desprecio de la ley practicado por los escoceses estaba haciendo perder mucho dinero al gobierno y que seria muy rentable LEGALIZAR la producción de Whisky .Ciertamente, el Duque sabia de lo que estaba hablando ; no en vano , en sus tierras se destilaban algunos de los mejores clandestinos .Al fin ,en 1823, SE SUSPENDIAN LAS TASAS ABUSIVAS y entro en vigor la Wash Act ,que establecía el pago de 10 libras por una licencia anual ,mas un pequeño impuesto adicional por cada galón .A ESE PRECIO ,NO MERECIA LA PENA ARRIESGARSE A VULNERAR LA LEY y en menos de 10 años los contrabandistas prácticamente cesaron las actividades Muchas de las grandes destilerías actuales permanecen en el mismo sitio .Además la producción a gran escala abarato sensiblemente los costes y trajo consigo la aparición de innovaciones técnicas . fuente: “el libro de la vida” thereservesosciety Una vez mas la historia nos da una leccion que por medio de la represion no se llega a ninguna parte en cambio con dialogo y razonamiento se llega lejos . firmado :el argonauta
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